Debate sobre el Crecimiento y el Desarrollo

Introducción
El presente apunte intenta avanzar sobre prospectivas acerca de los aspectos socieconómicos salientes de nuestro país y el futuro de las políticas sociales de inclusión y distribución del ingreso.
Los notables avances en la incorporación de ciudadanos en el sistema socioeconómico que, aún en condiciones de precariedad e informalidad, se registran desde la devaluación a la fecha tienen al menos dos grandes vertientes para el análisis.
La primera de ellas es sin duda el efecto rebote que se produce en el PBI que en términos porcentuales ya recuperó índices de los mejores años de la década pasada y produjo un efecto expansivo sobre el empleo y el subempleo, ubicando nuevamente la tasa de desempleo entre el 10% y el 13% según las inclusiones o no de los beneficiarios de Planes y Programas Nacionales.
La segunda es la acción directa de las políticas públicas de alcance nacional y, complementariamente los distintos planes provinciales y municipales que actuaron, si bien con éxitos diferentes, sobre la inclusión social y en el combate a la indigencia y la pobreza.
Ahora bien, ¿el PBI de la Argentina crecerá siempre al 9% anual?.
Obviamente que no. Aquí entonces algunas reflexiones acerca de los posibles impactos de las políticas sociales en el país para los próximos años. Sobre todo imaginando una tasa alta y permanente por los próximos cinco años alrededor del 4 o 5 % del PBI.
En este sentido se avanzará sobre el debate del rol del Estado en ese nuevo contexto dado que, entre otras cosas, es imprescindible comprender lo que ocurre e imaginar nuevas estrategias y nuevas respuestas de cara al futuro.

¿Por qué crece al 9% el PBI? ¿Crece igual en todas las microregiones del país?¿Por que repercute relativamente menos sobre el empleo que en el pasado?
Estas 3 preguntas pueden tener reflexiones diversas según la observación que se realice y desde el ángulo que se lo haga. Por supuesto que aquí se intentará darle una mirada desde el espacio de lo social dejando en claro que el interés no es solamente cuanto se crece, sino también como se crece y como se distribuye el crecimiento.
La primera reflexión sobre la primera pregunta que se desea destacar y que no está muy visiblemente expuesta, es que entre otras cosas el efecto rebote luego de la devaluación se monta sobre un tipo de cambio alto y sobre una infraestructura creada en la década anterior.
Los logros en materia de caminos, comunicaciones, redes fluviales, energía, sistemas productivos, maquinarias, servicios comerciales y financieros, etc, en los 90’, soportaron muy bien el trienio pasado de alto crecimiento en términos de PBI. Este reconocimiento no es admitido aún por el discurso oficial, probablemente debido al alto costo social conque se logró y también a la particular visión sobre la construcción política que se realiza desde el gobierno.
La segunda reflexión es que recién sobre finales de 2005 y lo que va del 2006 la sostenibilidad en el crecimiento comenzó a tener un significativo giro conceptual dónde las inversiones de corto plazo comenzaron a resultar insuficientes y la ampliación de espacios productivos ya contemplan expectativas de mediano y largo plazo. Sin dudas que el mérito de la conducción del país fue solidificar la gobernabilidad y el ejercicio del poder donde mas allá de los estilos particulares, comprometen acciones y se cumplen en el terreno de la facilitación de la inversión productiva.
La tercera reflexión es la impronta heterodoxa que se aplica en la conducción y que es mantener muy altos los niveles de consumo, controlando la inflación por métodos discutibles pero que los resultados están a la vista. Si bien hay una especial atención sobre las distorsiones de muchos precios relativos de bienes y servicios, el éxito fiscal en términos de superávit y la mejor performance en la relación endeudamiento/PBI permiten amortiguar muy bien algunas presiones que seguro serán mas visibles en el futuro.
Ahora bien. Es obvio también que no crece del mismo modo y en forma equilibrada en todo el país. Las micro regiones que más y mejor capacidad instalada tenían, más rápidamente crecieron y crecerán.
Los encadenamientos productivos que mejor aprovecharon las ventajas comparativas y competitivas luego de la devaluación se pusieron a la vanguardia en este último trienio.
Pero obviamente en los grandes conglomerados urbanos donde el trabajo masivo se desarrolla normalmente en actividades comerciales y de servicios el crecimiento fue desigual. El descenso sostenido del desempleo se produce en muy buena parte por las actividades de las empresas productoras de bienes, pero en una considerable cantidad, muchas veces no observada con detenimiento, se produce sobre las actividades comerciales y de servicios locales que se apropian del pequeño efecto derrame que provoca un crecimiento del PBI tan alto.
Las innumerables actividades de pequeñas empresas de servicios que compran localmente, el efecto derrame de los salarios industriales, la incidencia de las actividades ligadas al turismo, la construcción, entre otras, generan oportunidades de empleo y autoempleo, que se bien persisten en la precariedad, son los principales beneficios que mejoran los datos de la macroeconomía.
En otros modelos de acumulación y crecimiento, basados sobre otras lógicas y sobre otra tipología de concepción del Estado[2], un crecimiento tan elevado del PBI hubiera repercutido con más fuerza en el empleo y en la distribución del ingreso.
Pero como es sabido, nunca se puede desprender el modelo de acumulación de la realidad y de la historia del país en cuestión. Y nuestra historia de las últimas décadas habla por sí sola de ello.
Por otro lado, no es menor el impacto de las políticas sociales en este contexto dado que han acompañado el proceso de crecimiento y consolidación, y si bien el impacto no fue el esperado en relación a los esfuerzos, como decíamos antes no hay que olvidar desde donde se parte.
Pero las posibilidades de mayor impacto de las políticas públicas socio productivas de alcance nacional, provincial y regional encuentran siempre los mismos obstáculos tanto en su concepción como en su implementación.

Algunos obstáculos en la implementación de políticas sociales.

El primero de ellos es la imprecisa identificación de los sectores beneficiarios de las políticas concebidos preliminarmente como los “demandantes activos” de Planes, Programas y acciones y que se adecuan a la oferta preexistente intentando modificar en forma “mágica” su status social de exclusión.
En este sector (demandantes activos) subyace una lógica sociocultural ligada a que la ausencia de recursos financieros y tecnológicos impide su progreso individual y familiar. Recurren rápidamente a las instituciones públicas, Nacionales, Provinciales y Municipales y también a las entidades del tercer sector en busca de Insumos, Herramientas, Maquinarias o simplemente recursos financieros del tipo tradicional o bien de los novedosos sistemas crediticios en baja escala.
El mayor potencial es la capacidad de gestión para la “solicitud” en distintas ventanillas de los recursos que se le ocurren como urgentes e imprescindibles para mitigar su exclusión social.
En este sector y a modo de intentar una tipología vinculando orígenes socioculturales, edades y saberes previos se podrían identificar:
1.- Excluidos del sistema socio productivo por razones de reconversión industrial.
2. Excluidos del sistema socio productivo por escasa o nula calificación en términos de saberes actuales con incidencia en el mercado.
3. Excluidos del sistema socio productivo por razones familiares, personales, de salud con baja autoestima.
4. Excluidos del sistema socio productivo por razones de edad o género cuyos saberes, actitudes y aptitudes reportan a interesantes acciones en el pasado u otros contextos socioeconómicos pero con nula incidencia en el presente.
5. Beneficiarios tradicionales de asistencia directa pero con potencial de crecimiento en actividades autónomas y de autoempleo.
6. Beneficiarios tradicionales de asistencia directa sin potencial de crecimiento en actividades autónomas y de autoempleo.
7. Trabajadores en actividad con necesidad de emprender por convicciones socioculturales o para incrementar ingresos personales y/o familiares.
8. Jóvenes, profesionales y/o técnicos, de estratos económicos bajos y muy bajos con calificación específica pero sin cultura emprendedora.
9. Adultos mayores sin cobertura social, sin contención presente y futura sobre posibles pensiones y jubilaciones, que buscan emprender.
10. Ex microempresarios y ex pymes excluidos del sistema socio productivo por agudos problemas comerciales y financieros en otros contextos socioeconómicos.
11. Ex militantes y dirigentes políticos, sindicales y sociales que demandan inclusión en la formación de cooperativas, mutuales y asociaciones un espacio de participación social.
Estos tipos de “demandantes activos” tienen como característica común y es la necesidad de encontrar vehículos financieros por vía de las diferentes instancias públicas y privadas para llevar adelante sus intenciones de autoempleados futuros con ideas de proyectos que van desde los razonables hasta los muy endebles, en términos de formulación por problemas que sintetizamos en tres:
Comerciales, Estructura de costos y Asociatividad.
Otro sector llamado “no demandantes activos” identificados bajo el concepto de emprender de cualquier modo y a cualquier costa por los carriles de la informalidad. Los mismos ven al Estado y a las entidades privadas del tercer sector como un espacio de construcción de políticas públicas ajenas a sus necesidades y por lo tanto no están ni pretenden estar contenidos en algunos de los programas y planes.
Mayormente realizan actividades relacionadas con servicios comerciales directos y/o producción de artesanías y productos de bajo valor agregado.
En este sector pueden describirse orígenes y características similares a los señalados en el primer grupo.
Un tercer tipo puede encuadrarse en los “no demandantes pasivos” que rotan permanentemente entre la solidaridad familiar, de las organizaciones sociales y de la asistencia directa de acuerdo a la coyuntura. No tienen capacidades, actitudes y aptitudes para emprender ni reinsertarse productivamente. Responden a conductas socioculturales muy localizadas sin pretensión de cambio, al menos en el corto plazo. La rotación en términos de asistencia entre planes, programas e instituciones no nace de la voluntad individual de buscarlas, sino de la intención de inclusión por parte de los actores institucionales que lo inscriben en dichos programas.
Este sector puede reconocer también algún origen similar a los descriptos con anterioridad.
Este primer acercamiento al problema de la heterogeneidad apreciable del sector social del cual son objeto las políticas públicas de carácter socio productivas, naturalmente conduce a resultados significativamente diferentes y de difícil evaluación de impacto, debido a que entre otras cosas actúan sobre el beneficiario directo y no sobre las condiciones del entorno socio cultural y económico de la localidad o región.
El segundo obstáculo que puede identificarse obedece al tipo de estructura de soporte de las políticas públicas en los tres estamentos del Estado y en las instituciones sociales con acción sobre esta problemática.
Más allá de las distintas denominaciones de carácter organizacional de Ministerios, Secretarias, Direcciones y Areas pertinentes, y de los esfuerzos por aceitar Misiones, funciones y objetivos en la Formulación de Planes y Programas, resultan muchas veces poco aptas para este nuevo emergente producto de una nueva conceptualización sobre las formas de producción de bienes y servicios que adopta el capitalismo moderno.
El tercer obstáculo se refiere a la extremadamente compleja y diversificada estructura socio productiva regional y micro regional que identifica fenómenos a partir de de una estructura institucional dividida en provincias, regiones y distritos que obedecen a parámetros históricos, políticos y culturales, pero que no soportan análisis y desarrollos de políticas Inter juridisccionales por lo complejo de su construcción en términos de consensos estratégicos entre los actores involucrados.

Algunas carencias sobre la concepción de la Asociatividad

Los sectores identificados como vulnerables, “demandantes activos” sobre todo, carecen no solo de experiencia en asociatividad sino que además ni siquiera creen en ella.
En la innumerable cantidad de experiencias realizadas en todo el país se detecta con claridad que la demanda por recursos financieros y tecnológicos para la formulación y lanzamiento de los emprendimientos de autoempleo y/o familiares nunca esta presente la vinculación con otros “socios”, tanto para un encadenamiento productivo, como para compartir alguna parte de la cadena de valor.
Mucho más si se trata de compartir maquinas y herramientas. Cada emprendedor quiere “su lugar”, “sus maquinas”, sus propios recursos. En términos de compartir gestión aún más endeble se transforma el espacio de cooperación.
El camino de trabajar sobre asociatividad es un camino de largo plazo que debe priorizarse desde las políticas públicas, a mi juicio mucho más que el Microcrédito o las estrategias de financiación.
Justamente una de las razones que por continuar pensando en términos de Beneficiarios y no de desarrollo económico local, es que el impacto de las políticas públicas es muy bajo.
Fundamentalmente porque los emprendimientos pequeños deben migrar de la lógica del “microemprendimiento productivo” tradicional hacia el Autoempleo en red.
El Autoempleo en red es una filosofía distinta acerca de cómo pensar la reinserción productiva de los excluidos del sistema socioeconómico.
Allí la asociatividad no es concebida como instrumento legal, llámese cooperativa, mutual u ONG.
El movimiento cooperativo en la Argentina funciona relativamente bien en cierta escala de producción de bienes y servicios.
De hecho las experiencias exitosas al respecto se relacionan con rubros de actividad de tipo agropecuario, bancos, servicios eléctricos, telefonía y agua, entre otros. La mayoría de ellas compiten en el mercado abierto debido a su escala.
Los intentos de cooperativas y redes de baja escala no han mostrado resultados contundentes, en general debido a que su capacidad de negocios funcionan en baja escala, salvo en los casos dónde la demanda de un bien o un servicio es solicitado por una empresa grande o el sector público como mono comprador que requiere escala para la comercialización y son las cooperativas las que logran armarlas.
La mayoría de ellas son anteriores a la crisis post devaluación del país, y dependiendo de los rubros a los que se dediquen. En este sentido las cooperativas cuya demanda de bienes esta ligada a productos exportables han funcionado con mayor impacto; por supuesto que con menos sostenibilidad, aquellas que se dedican a los servicios no personales y/o públicos.
Ahora bien, los pequeños y nuevos ensayos sobre formas jurídicas de cooperación para autoempleados no han tenido mucho desarrollo hasta el presente.
Nacen en primera instancia con mucha fuerza, especialmente las cooperativas de trabajo, pero con el paso del tiempo se van transformando en órganos burocráticos lideradas en todos los casos por militantes políticos y/o sociales que lentamente van perdiendo contacto con los socios y/o beneficiarios de los servicios.
La asociatividad inducida de este modo, corre el riesgo de continuar imaginando la inclusión como un fenómeno organizacional y no como un verdadero sistema complejo de relaciones socioeconómicas dónde la tipificación de los miembros participantes, reconocen orígenes disímiles tanto en formación y capacitación, como en expectativas.
Cuando el autoempleado reconoce que el instrumento, “el carro”, es mas importante que “los caballos”, lentamente se va alejando del proceso de enseñanza-aprendizaje que deben realizar en esto de la asociatividad.

¿Qué pasará cuando la economía crezca a un ritmo del 4 o 5 % de PBI?

Como ya se anticipara en párrafos anteriores sería notable que la Argentina ingresara en una etapa de crecimiento sostenido a un ritmo del 4 o 5 % anual.
Si esto ocurriera como lo señalan algunos pronósticos, más se desnudará la precariedad del empleo en los servicios urbanos y en las actividades de autoempleo que volverían a crecer masivamente con o sin asistencia del Estado.
Aún más pronunciada sería entonces las diferencias sobre las distintas micro regiones del país dónde algunas estarán en el promedio, otras por encima, pero también muchas otras muy por debajo del promedio.
Es probable también que los actuales instrumentos aplicados en términos de políticas públicas de promoción del trabajo no alcancen.
Una diferencia de 5% por debajo en el crecimiento del PBI en relación a este año 2006 va a traer muchas mas dificultades que las que se prevén en términos de desocupación y subempleo.
Se insiste con esta hipótesis que en una economía altamente concentrada y bancarizada y muy separada de la economía social el “efecto aspiradora del salario y de los ingresos de los que compran localmente” -que son los que muevan las economías locales-, resentirá las actividades precarias de autoempleo de las familias que viven del pequeño derrame de tan alto crecimiento.
El empleo privado crecerá solo en los mas jóvenes y en los más capacitados pero, y fundamentalmente, en las micro regiones mas aptas para el nuevo escenario de desarrollo.
Naturalmente esto provoca nuevas migraciones de poblaciones jóvenes y capacitadas hacia regiones y localidades que crecerán en forma exponencial dejando más rezagadas a aquellas micro regiones que no logren anclar nuevas empresas y desarrollos.
La intervención del Estado será nuevamente más vital que nunca en ese nuevo contexto.

¿Un nuevo rol del Estado?

Luego de la crisis del Estado del Bienestar en la Argentina poco se ha vuelto a difundir el problema de los roles y las intervenciones estatales en la economía.
Lo mas difundido por cierto es la aplicación de controles e instrumentos sobre el nivel general de los precios y sobre el tipo de cambio tal como se practica en la actualidad, más por una necesidad de efectividad en el corto plazo, que por una estrategia de intervención hacia el largo plazo.
Sin embargo nace aquí una nueva posibilidad de indagar sobre otras formas probables de intervención estatal en el futuro próximo.
El empleo público ha crecido solo en relación a los servicios generales y administrativos, más aún en micro regiones dónde es imaginable que sin la empleabilidad en el Estado no existiría otra forma de generar consumo local y emprendimientos encadenados.
El solo pago de sueldos del Estado en sus tres estamentos y organismos descentralizados es el que genera el efecto multiplicador sobre la actividad comercial y productiva en algunas ciudades y regiones.
Pero es cierto también que no comenzó aún a estudiarse un tipo de empleo distinto en el Estado.
Es mayor en la Argentina la historia de intervención económica mediante empresas públicas sobre los servicios públicos que sobre la producción de bienes transables.
El modelo del Estado del bienestar basó su estrategia mayormente en las empresas de servicios, aunque como se sabe, el efecto privatizador de las concepciones neoliberales de la década anterior arrasó con todo.
No es pretensión aquí imaginar una vuelta atrás sobre algunos pasos mal dados, sino recuperar desde un concepto moderno algunos instrumentos por demás de útiles para generar trabajo genuino y sostenible en micro regiones que quedarán fuera del crecimiento en los próximos años.
Nadie duda ya que la presencia de la intervención estatal, especialmente en algunas provincias rezagadas y en algunas micro regiones densamente pobladas es imprescindible para armonizar el crecimiento y asegurar el desarrollo.
Pero la idea quizás sea otra a la realizada en el pasado. Un nuevo Estado empresario que produzca bienes transables y comercializables en el exterior, especialmente en áreas de alta tecnología, radicadas en micro regiones mas rezagadas podría ser un camino alternativo y complementario.
Obviamente con criterios de gerenciamiento competitivo y moderno y sobre rubros económicos que no modifiquen la actual participación del sector privado.
Esta área de vacancia en investigación debería ser revisada debido a, entre otras cosas, que propende a la generación de nuevos arcos de pymes y microempresas proveedoras que actuarán masivamente sobre el empleo.
No se trata de un principio de subsidiariedad del Estado, sino de una lógica de intervención mas potente y coherente con los nuevos estadíos de desarrollo que propone el actual sistema de acumulación en el mundo moderno.

Conclusiones
Se reconoce que las Políticas Públicas llevadas a cabo desde distintos espacios del Estado hasta el presente priorizaron la intervención rápida y directa, especialmente en el peor momento de la crisis. Hoy nos encontramos ante las disyuntiva de continuar en un proceso dónde se trabaja solo desde los demandantes activos sin distinguir orígenes, capacitación previa, capacidades reales o potenciales para emprender; o bien, se prioriza la investigación para el adecuado reconocimiento y distinción de los beneficiarios.
Reconocer que la crisis socioeconómica, sobre todo después de la devaluación nos dejó otros desafíos y otros problemas que no hemos investigado en profundidad es el primer paso para lograr mayor efectividad en la aplicación de políticas y recursos.
Los logros obtenidos sirvieron para atacar la coyuntura con mucho esfuerzo y voluntad por parte de los actores involucrados. Ahora debemos avanzar sobre la formulación de Programas de intervención que generen continuidad siempre en el marco de la investigación-acción permanente.
La redefinición del rol del Estado y su tipo de intervención serán vitales cuando la economía crezca a tasas menores que las actuales, especialmente en las micro regiones que naturalmente quedarán mas rezagas y que naturalmente continuarán provocando el éxodo de jóvenes hacia nuevos espacios laborales en localidades en dónde se radiquen empresas y generen desarrollo.
Por otra parte, sigue siendo importante y hoy más que nunca, ampliar el campo de conocimiento e investigación sobre esta nueva realidad socioeconómica que plantearán los desafíos en el nuevo contexto que se avecina.